En la última semana se registraron 135 intervenciones oficiales, 17 personas fueron demoradas y 6 fueron detenidas, en el marco de un “reto viral” que derivó en causas por intimidación pública.
Autoridades del Ministerio Público Fiscal de Salta y del Ejecutivo provincial analizaron las actuaciones judiciales y policiales desplegadas frente a una serie de mensajes intimidatorios detectados en el ámbito escolar. El fenómeno, vinculado a un “reto viral” que circula a nivel nacional e internacional, motivó múltiples intervenciones en distintos establecimientos educativos de Salta.
El encuentro fue encabezado por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, junto a la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras; y el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero. Durante la reunión se evaluó el alcance de los hechos registrados en los últimos días y su impacto en la comunidad educativa.
De acuerdo con la comunicación oficial difundida por el gobierno provincial, “hasta la fecha se contabilizan 135 actuaciones entre medidas preventivas, 17 demoras y 6 detenciones, en el marco de investigaciones por el delito de intimidación pública”. En ese sentido, se indicó que durante el encuentro “evaluaron los alcances jurídicos de las conductas detectadas, así como la activación de protocolos internos en las instituciones afectadas”.
El Ministerio de Educación destacó que “el dictado de clases no fue interrumpido en ningún establecimiento y que continuará desarrollándose con normalidad”, al tiempo que garantizó la colaboración necesaria para el avance de las investigaciones.
Además, precisó que “se encuentran en evaluación posibles medidas disciplinarias en el ámbito educativo para quienes resulten responsables de los actos denunciados” y señaló que este año “se aplica una normativa innovadora con protocolos de actuaciones para casos de bullying, ciberacoso y violencia entre pares”.
En relación con las medidas a futuro, el gobierno sostuvo que se analiza “la creación de una unidad de prevención con intervenciones para las que serían convocados padres o tutores”, en el marco de la Ley Nacional 26.892, orientada a promover la convivencia en las instituciones educativas.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad destacó “el importante despliegue de recursos policiales destinados a tareas de prevención, control y procedimiento”, y subrayó “la responsabilidad legal de padres o tutores frente a conductas delictivas de menores a su cargo”.
Finalmente, el procurador general resaltó “el trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y el Ministerio Público Fiscal”, y enfatizó en “la estrategia conjunta que abarca tanto la investigación de los hechos como la implementación de acciones preventivas”.
Asimismo, se informó que se avanza en “la planificación de nuevas instancias de capacitación dirigidas a equipos educativos, fuerzas de seguridad y operadores del sistema”, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y el abordaje adecuado de estas situaciones.
