La investigación analiza más de 70 expedientes y detectó un presunto esquema de préstamos abusivos, pagarés en blanco y domicilios falsos para ejecutar embargos.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a un abogado del fuero local y a una mujer por presuntas estafas procesales reiteradas, falsificación de instrumento privado, abuso de firma en blanco y usura agravada. La acusación surge tras una investigación que expone un posible esquema sistemático de maniobras judiciales.
La causa se originó a partir de irregularidades detectadas por juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos, donde se advirtieron patrones repetidos en expedientes patrocinados por el mismo letrado. A partir de allí, UDEC profundizó la pesquisa con el análisis de más de 70 causas judiciales, entrecruzamiento de datos y tareas de campo.
Según la investigación, los imputados habrían utilizado un mecanismo basado en el otorgamiento de préstamos informales en condiciones abusivas, la firma de pagarés en blanco y su posterior llenado con datos y montos presuntamente falsos o desproporcionados. Luego, se habrían iniciado demandas ejecutivas con domicilios inexistentes o incorrectos, dificultando la notificación de los demandados.
Durante la audiencia de imputación, ambos acusados fueron asistidos por defensores particulares y adelantaron que presentarán su declaración por escrito. La fiscalía sostiene que estas maniobras habrían permitido avanzar con embargos sin que las personas afectadas pudieran ejercer su defensa en tiempo y forma.
La investigación también detectó presuntas inconsistencias patrimoniales, el uso de posibles prestanombres y la vinculación con una sociedad comercial identificada como Famosa Bankia SA, que habría funcionado como estructura de soporte de la operatoria. Además, se realizaron allanamientos en 19 domicilios donde se secuestró dinero, documentación judicial, pagarés y otros elementos de interés.
Entre las medidas dispuestas, se solicitó el levantamiento del secreto bancario, la prohibición de salida del país para los imputados y la restricción de contacto con los denunciantes. La causa continúa en etapa investigativa mientras se analizan los elementos secuestrados.
