La hipótesis es que aprovecharon su condición de trabajadores del hospital público para sustraer los bienes.
La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, acusó formalmente a los médicos Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa como coautores del delito de peculado, previsto y reprimido por el artículo 261 del Código Penal.
Según la hipótesis fiscal, los acusados aprovecharon su condición de médicos del servicio de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil y el acceso que tenían al equipamiento médico estatal para sustraer bienes públicos que se encontraban bajo custodia del hospital para incorporarlos al circuito operativo de Neofénix, una empresa privada de neonatología de la que ambos eran socios y de la que obtenían un beneficio económico.
Por otro lado, la fiscal también solicitó el sobreseimiento de otras dos personas que habían sido imputadas en la causa, al concluir que no participaron del hecho investigado.
La intervención de la fiscalía se inició tras una denuncia presentada por el director general del Hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek, luego de que una inspección delMinisterio de Salud Pública advirtiera la posible presencia de equipamiento perteneciente al hospital estatal en el servicio de terapia intensiva neonatal de una clínica privada ubicada enla calle Alvarado 858.
En el marco de la investigación se establecieron distintas medidas investigativas, entre ellas, el relevamiento de documentación patrimonial y administrativa, la recepción de declaraciones testimoniales, inspecciones y registros, el secuestro y posterior restitución judicial de los equipos al Hospital Materno, además de diversos informes técnicos y periciales.
Con todas las medidas en mano, personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) constató que los seis equipos médicos que secuestraron en un allanamiento en el marco de la causa, tenían los números de serie que coincidían con los informados como faltantes por el hospital público.
Entre los fundamentos de la acusación, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que la conducta investigada habría afectado no sólo el patrimonio de la administración pública, sino también su correcto funcionamiento, al involucrar equipamiento destinado al Hospital Público Materno Infantil, además de vulnerar los deberes de fidelidad, probidad y transparencia que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
