La Justicia imputó a cuatro integrantes de la Policía de Salta por la muerte de Gregorio Ramos, ocurrida tras una intervención policial en barrio 6 de Septiembre.
La investigación por la muerte de Gregorio “Gogo” Ramos, de 36 años, registró un avance judicial. Un cabo de 29 años quedó con prisión preventiva, mientras que otros tres efectivos policiales deberán cumplir arresto domiciliario durante 30 días. Las medidas fueron dispuestas por el juez Pablo Zerdán durante la audiencia de formalización de la investigación penal.
El principal acusado fue imputado por homicidio doblemente agravado, por el presunto abuso de su función policial y por el uso de un arma de fuego. Según la acusación fiscal, el cabo habría efectuado disparos contra Ramos mientras se encontraba en la vía pública.
En tanto, un sargento de 43 años y dos agentes de 23 y 25 años fueron imputados como presuntos coautores de encubrimiento agravado. Los tres deberán permanecer bajo arresto domiciliario, con monitoreo electrónico de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) y restricciones para comunicarse entre ellos y con los testigos de la causa.
Cómo ocurrió el hecho
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el episodio ocurrió el martes 3 de noviembre, alrededor de la 1.40, en inmediaciones de las calles Francisco Muñiz y Filiberto de Menes, en barrio 6 de Septiembre. Cuatro efectivos de la Dirección de Seguridad Urbana llegaron al lugar en un móvil policial y, durante el procedimiento, el cabo que se desempeñaba como operador de escopeta habría disparado contra Ramos.
El hombre sufrió múltiples heridas de arma de fuego en ambas piernas y en la espalda. Fue asistido por personal del SAMEC y trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por las lesiones.
La investigación por el presunto encubrimiento
Otro de los puntos centrales de la causa es el comportamiento de los efectivos después del episodio. La Fiscalía sostiene que los cuatro policías se habrían retirado del lugar sin asistir a Ramos. Posteriormente, al informar a sus superiores, habrían manifestado que realizaron únicamente un disparo de repliegue o despeje ante una supuesta agresión con elementos contundentes.
La falta de asistencia también había sido denunciada públicamente por familiares de la víctima. Verónica Díaz, sobrina de Ramos, había señalado que los efectivos se retiraron y dejaron al hombre herido.
Qué pruebas reunió la Fiscalía
La investigación está a cargo del fiscal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Entre los elementos incorporados figuran testimonios, informes policiales, registros de geolocalización del móvil, actuaciones de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y resultados preliminares de la autopsia.
La causa continúa en etapa investigativa y deberá determinar las responsabilidades individuales de los cuatro efectivos. Las imputaciones y medidas cautelares dispuestas por la Justicia no constituyen una condena.
